Inteligencia ecuatoriana: historia, estructura y casos

Quito, la capital donde tiene su sede la inteligencia ecuatoriana

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Ecuador está entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, y sus puertos del Pacífico se han convertido en una de las principales vías de salida del narcotráfico. En menos de dos décadas, el país pasó de un bombardeo colombiano en su territorio, que su presidente atribuyó a un servicio de inteligencia infiltrado, a una agencia de espionaje interno acusada de vigilar a opositores y a un gobierno que en enero de 2024 declaró un «conflicto armado interno» contra las bandas criminales. En cada giro, la pregunta de quién controla la inteligencia ecuatoriana, y contra quién apunta, ha estado en el centro de la política nacional.

Esta página es un panorama de los servicios de inteligencia de Ecuador: su origen, su organización actual y los casos que los han llevado a los titulares. Se basa en leyes y decretos ecuatorianos, expedientes judiciales, comunicados del Gobierno de Estados Unidos, escritos ante la Corte Internacional de Justicia y reportajes firmados, y señala cuándo una afirmación proviene de una parte interesada en el resultado. La política ecuatoriana está profundamente dividida entre los partidarios del expresidente Rafael Correa y sus adversarios, por lo que se atribuyen las afirmaciones de ambos bandos.

La inteligencia ecuatoriana en resumen

  • Principal servicio de inteligencia: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fue creado como Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) mediante el Decreto Ejecutivo 526 del 21 de septiembre de 2018 y rebautizado como CNI por el Decreto Ejecutivo 52 del 14 de julio de 2025, que le dio rango de ministerio y lo convirtió en el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia (El Universo).
  • Director: Daniel Correia Peñaherrera, designado mediante el Decreto Ejecutivo 491, publicado el 3 de septiembre de 2026, después de que el presidente Daniel Noboa anunciara su nombramiento el 28 de agosto. El Comercio describe una trayectoria en el sector privado, en transporte marítimo y logística, y una larga relación profesional con Noboa dentro de la Corporación Noboa (El Comercio).
  • Director anterior: Michele Sensi-Contugi, quien asumió el CIES en enero de 2024 y, según se informó, murió en un accidente de helicóptero en Kenia el 19 de agosto de 2026; entre tanto, Luis Carlos Ávila Chábez fue director encargado (Primicias).
  • Línea de mando: el director del CNI es designado por el presidente y le responde directamente. Daniel Noboa inició su mandato actual el 24 de mayo de 2025, para el período 2025-2029, tras vencer a Luisa González en la segunda vuelta del 13 de abril de 2025 (Primicias).
  • Marco legal: la Ley Orgánica de Inteligencia, publicada en el Registro Oficial el 11 de junio de 2025 (Primicias), de la que la Corte Constitucional suspendió 12 artículos en agosto de 2025 mientras revisa las demandas (Expreso), además de la Ley de Seguridad Pública y del Estado de 2009.
  • Relación con Estados Unidos: estrecha en materia antinarcóticos y de crimen organizado. Los dos gobiernos firmaron un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas en 2023, Ecuador extraditó al líder de Los Choneros a Nueva York en 2025 y el Departamento de Estado designó a dos bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas en septiembre de ese año. Sin embargo, los votantes ecuatorianos rechazaron en noviembre de 2025 una propuesta para permitir bases militares extranjeras.

Historia: de Angostura al CNI

Cronología de la historia de la inteligencia ecuatoriana
Cronología de la inteligencia ecuatoriana.

La historia moderna comienza el 1 de marzo de 2008, cuando fuerzas colombianas atacaron un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de Ecuador y mataron al alto dirigente de las FARC Raúl Reyes y a otras personas. El presidente Rafael Correa sostuvo que los servicios de inteligencia ecuatorianos habían sido infiltrados y controlados por la CIA y dijo que debían ser investigados por deslealtad. Afirmó que su gobierno pondría fin a esa situación y se aseguraría de que los servicios de inteligencia del país no trabajaran para potencias extranjeras, mientras altos mandos de defensa dejaban sus cargos (Al Jazeera). El ataque, en Angostura, provincia de Sucumbíos, desató una crisis política interna y una ruptura con Colombia (Primicias).

La respuesta de Correa fue reconstruir la inteligencia bajo la Presidencia. El 8 de junio de 2009 firmó el Decreto Ejecutivo 1768, que creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), con autonomía administrativa y financiera y un titular designado directamente por el presidente, en reemplazo de la antigua Dirección Nacional de Inteligencia (Primicias). La Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada el 28 de septiembre de 2009, dio rango legal a la SENAIN. Le asignó un fondo permanente de «gastos especiales», exentos de las normas de contratación pública y justificados solo ante el contralor general, y obligó a los organismos de inteligencia a obtener autorización del presidente de la Corte Nacional de Justicia antes de interceptar comunicaciones, por no más de 60 días cada vez (Ley de Seguridad Pública y del Estado, vía WIPO Lex).

Según informes presupuestarios revisados por Primicias, la SENAIN manejó unos USD 310 millones entre 2012 y 2018, y en 2017 el 84 % de su presupuesto de más de USD 50 millones se destinó a gastos especiales o reservados (Primicias). También concentró las acusaciones más graves contra el aparato de seguridad de la era de Correa, descritas más abajo.

El sucesor de Correa, Lenín Moreno, rompió con él. El 20 de marzo de 2018, Moreno anunció: «He dispuesto iniciar el proceso de eliminación de la Senain», invocando la austeridad y lo que describió como una exigencia ética de la ciudadanía (El Telégrafo). El Decreto 526 de septiembre de 2018 creó el CIES en su lugar (El Universo). Primicias informó después que el nuevo centro no anticipó los ataques en la frontera de 2018 ni las protestas de octubre de 2019. Guillermo Lasso hizo campaña en 2021 con la promesa de suprimirlo, pero lo mantuvo (Primicias); en septiembre de 2021 nombró director a Fausto Cobo, exoficial del Ejército que dirigía el sistema penitenciario (Primicias).

La arquitectura actual data de la presidencia de Noboa. La Ley Orgánica de Inteligencia, un proyecto presentado por primera vez en 2018, fue aprobada por la Asamblea Nacional con los 77 votos mínimos, frente a 66 en contra, y entró en vigor con su publicación el 11 de junio de 2025 (Primicias). Un mes después, el reglamento de Noboa rebautizó el CIES como Centro Nacional de Inteligencia (El Universo).

Cómo está organizada hoy la inteligencia ecuatoriana

Organigrama de los organismos de inteligencia ecuatorianos y su control
Organización de la inteligencia ecuatoriana, a partir de fuentes públicas.

Según la ley de 2025, el Sistema Nacional de Inteligencia está formado por un ente rector y siete subsistemas, cada uno con sus propias instituciones y responsabilidades (Primicias).

El Palacio de Carondelet en Quito, sede de la Presidencia que dirige la inteligencia ecuatoriana
Palacio de Carondelet, Quito (foto: Ymblanter, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons).
  • El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el ente rector, con rango de ministerio, personería jurídica y autonomía administrativa y financiera (El Universo). Realiza operaciones de inteligencia y contrainteligencia y coordina a los demás organismos, y mediante el Decreto Ejecutivo 328 Noboa también le encargó verificar a oferentes y contratistas antes de la adjudicación de contratos públicos (Expreso).
  • La inteligencia de las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Conjunto, es uno de los tres subsistemas autorizados por ley para realizar operaciones de contrainteligencia.
  • La inteligencia de la Policía Nacional es el segundo.
  • La inteligencia de la Casa Militar Presidencial, que protege al presidente, es el tercero con facultades de contrainteligencia.
  • La inteligencia financiera, tributaria y aduanera está a cargo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana (Senae).
  • La inteligencia penitenciaria, a cargo del servicio de atención a personas privadas de libertad (SNAI), es el único subsistema que no existía en la estructura anterior (Primicias).

Las facultades de la ley son las que la volvieron polémica. Obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar datos históricos y en tiempo real de comunicaciones y ubicación, permite a los agentes usar identidades ficticias y mantiene un presupuesto secreto de gastos especiales; legisladores de oposición temían que se pudieran intervenir teléfonos sin autorización judicial previa (Primicias). El 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional suspendió de forma provisional 12 artículos de la ley, sobre operaciones encubiertas, solicitudes de datos, interceptación de comunicaciones, el fondo de gastos especiales y clasificación de la información, al considerar que su aplicación «podría afectar de forma grave e irreparable derechos» (Expreso). La Corte celebró una audiencia pública el 1 de septiembre de 2025, pero hasta julio de 2026 no se había pronunciado sobre el fondo (KCH Comunicación). En marzo de 2026, ocho procedimientos especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas escribieron a Ecuador que las operaciones encubiertas y la vigilancia electrónica previstas en la ley no requerían autorización judicial previa y que el control era débil; según la información publicada, el gobierno no había respondido a cartas anteriores de la ONU (El Diario).

Destacan dos rasgos. Primero, Ecuador ha reconstruido su servicio central tres veces en 17 años, y cada reconstrucción respondió tanto a una crisis política como a un cambio en la amenaza. Segundo, los jefes del CNI desde 2024 provienen del círculo empresarial del presidente y no de las Fuerzas Armadas ni de la Policía, lo que concentra el control en la Presidencia.

La inteligencia en el «conflicto armado interno»

En enero de 2024, después de que el líder criminal Adolfo Macías, alias «Fito», se fugara de la cárcel y hombres armados irrumpieran en los estudios de TC Televisión en Guayaquil, Noboa emitió el 9 de enero el Decreto Ejecutivo 111. El decreto reconoció «la existencia de un conflicto interno armado» y calificó a 22 grupos criminales, entre ellos Los Choneros y Los Lobos, como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. El jefe del Comando Conjunto anunció que todos los grupos del decreto se habían convertido en objetivos militares (El Diario).

El Malecón 2000 de Guayaquil, la ciudad portuaria de Ecuador en el centro de la lucha contra los grupos criminales

La declaratoria llevó la inteligencia al centro de una campaña militar, también dentro de las cárceles; el nuevo subsistema de inteligencia penitenciaria de la ley de 2025 formalizó ese papel. También originó una disputa jurídica permanente. En sus dictámenes sobre estados de excepción, la Corte Constitucional rechazó reiteradamente la causal de conflicto armado, al considerar que no se había demostrado que las bandas alcanzaran los umbrales de intensidad y organización del derecho internacional humanitario. El 18 de junio de 2026, Noboa emitió el Decreto 424, un decreto ordinario que volvió a declarar un conflicto armado interno y que, por tanto, no está sujeto al control automático de la Corte. Permite al presidente indultar a miembros de la fuerza pública, y a civiles, que participen en operaciones del conflicto, y permite que personal extranjero intervenga en acciones de seguridad interna con inmunidad, invocando un acuerdo de 2023 sobre el estatuto de las fuerzas con Estados Unidos (Primicias). La carta de los expertos de la ONU de marzo de 2026 sostenía que la situación de Ecuador no cumple los requisitos internacionales de un conflicto armado (El Diario). La posición del gobierno, expresada en los decretos, es que las bandas son organizaciones terroristas.

La cooperación extranjera, según lo declarado oficialmente, pasa sobre todo por Washington. El 4 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, vinculó a ambos grupos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y señaló que las autoridades estadounidenses y ecuatorianas habían cooperado en la extradición de Fito (comunicado del Departamento de Estado, vía GlobalSecurity.org). Los votantes ecuatorianos pusieron un límite a esa relación: en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, el 60,58 % rechazó levantar la prohibición constitucional de bases militares extranjeras (Primicias).

La inteligencia ecuatoriana en las noticias

La mayor parte de lo que se sabe públicamente sobre el uso de la inteligencia en Ecuador proviene de seis casos. En cada uno, las acusaciones provienen de fiscales, litigantes, gobiernos extranjeros o periodistas, y las personas señaladas las han negado o no han comentado, según se indica.

Programas espía y el secuestro de Balda (2012-2024)

En 2012, Fernando Balda, un político opositor que vivía en Colombia, fue secuestrado allí, y la Fiscalía ecuatoriana vinculó la operación con la SENAIN. Su exjefe, Pablo Romero, fue extraditado desde España y el 14 de agosto de 2020 fue condenado como «autor mediato» a nueve años de prisión; en enero de 2024, la Corte Nacional de Justicia rechazó su último recurso (Primicias). Correa también fue llamado a juicio en noviembre de 2018, pero como la ley ecuatoriana no permite el juicio en ausencia por ese delito, el proceso no puede avanzar a menos que regrese de Bélgica, donde vive. Correa califica el caso de persecución política, y su abogado dijo que no había pruebas de la acusación de secuestro en su contra (Voice of America).

Las acusaciones sobre programas espía surgieron de documentos filtrados en 2015 de la empresa italiana de vigilancia Hacking Team. Según los reportajes de El Universo sobre esos documentos, la SENAIN compró 30 paquetes en tres años para infectar y vigilar computadoras y teléfonos, con capacitación para sus agentes en Italia; la SENAIN declinó comentar (El Universo, vía Ecuador Times). Los exlegisladores Andrés Páez y Lourdes Tibán denunciaron violaciones de su intimidad, y en otro caso, conocido como «Caminito», la Fiscalía sostuvo que la SENAIN pagó a hackers para obtener información sobre las Fuerzas Armadas, la Función Judicial y funcionarios (Primicias).

Julian Assange y la embajada en Londres (2012-2026)

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, entró en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 y recibió asilo del gobierno de Correa; en 2019, bajo Moreno, Ecuador lo revocó, lo que permitió a la policía británica detenerlo. Se declaró culpable de un solo delito grave en Estados Unidos en Saipán el 26 de junio de 2024, en un acuerdo que le permitió volver a Australia (AP, vía Korea Times). La dimensión de inteligencia salió a la luz en España. UC Global, una empresa española de seguridad contratada por el gobierno ecuatoriano para proteger la embajada entre 2015 y 2018, fue acusada en documentos judiciales de grabar en secreto las reuniones de Assange con abogados, periodistas, médicos y diplomáticos y de entregar material a terceros (AP, vía WWL). Su fundador, David Morales, calificó la versión de Assange de «teoría conspiratoria» y dijo que antiguos empleados habían actuado por venganza (EFE, vía El Mercurio). La Fiscalía pidió más de 13 años de prisión para Morales, pero este murió a comienzos de 2026, antes del juicio en la Audiencia Nacional, que previsiblemente cerrará la causa contra él y seguirá adelante contra el jefe de operaciones de la empresa (Público).

La embajada de Ecuador en Londres, donde vivió Julian Assange de 2012 a 2019
La embajada de Ecuador en Londres (foto: Luke Stevenson, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons).

El asesinato de Villavicencio (2023-hoy)

Fernando Villavicencio, candidato presidencial del movimiento Construye, fue asesinado a tiros en Quito el 9 de agosto de 2023 (Extra). El 12 de julio de 2024, un tribunal condenó a seis integrantes de Los Lobos, dos de ellos, incluido el coordinador del ataque, a 34 años (El Comercio). La Fiscalía persiguió después a los presuntos autores intelectuales. Hay siete procesados, entre ellos José Serrano, exministro del Interior de Correa; Ronny Aleaga, exasambleísta; y el empresario Xavier Jordán (Teleamazonas). Los procesados rechazan las acusaciones y sostienen su inocencia (Expreso). Serrano fue deportado desde Estados Unidos a fines de agosto de 2026 y está en prisión preventiva; Jordán vive en el exterior y se le considera prófugo (Primicias). A fines de agosto de 2026, el juez aún no se había pronunciado sobre el pedido de la Fiscalía de llamar a juicio a los siete. Nadie ha sido condenado como autor intelectual.

La fuga y la extradición de Fito (2024-hoy)

Adolfo Macías Villamar, líder de Los Choneros, cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato cuando se fugó de la cárcel en enero de 2024. Las autoridades ecuatorianas lo encontraron el 25 de junio de 2025, escondido en un búnker subterráneo en la casa de un familiar en Manta (AP, vía WLBT). Fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025, el primer ecuatoriano extraditado en virtud de una enmienda constitucional de abril de 2024, y compareció en Brooklyn por siete cargos, entre ellos distribución de cocaína y contrabando de armas de fuego (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.). Se declaró no culpable; sobre los cargos de drogas y armas, su abogado dijo: «Hasta donde sé, no hizo ninguna de las dos cosas» (AP, vía WLBT). En septiembre de 2026, su abogado informó al tribunal que había negociaciones activas para resolver el caso sin juicio; hay una audiencia fijada para el 27 de enero de 2027 y no hay fecha de juicio (El Comercio). Los cargos siguen siendo acusaciones.

El asalto a la embajada de México (2024-hoy)

Jorge Glas, exvicepresidente de Correa, se instaló en la embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023, y México le concedió asilo. El 5 de abril de 2024, la policía ecuatoriana entró en la embajada y lo detuvo (Expreso). México rompió relaciones diplomáticas y llevó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que el asalto había cruzado una línea. El embajador de Ecuador sostuvo que México había abusado de su sede diplomática en Quito para dar refugio a un delincuente común (Courthouse News). Ecuador presentó su propia demanda contra México por la concesión del asilo (StratNews Global). En mayo de 2024, la Corte rechazó la solicitud de medidas provisionales de México, citando las garantías de Ecuador (AP, vía ABC17), y en febrero de 2026 autorizó una segunda ronda de alegatos escritos; el último escrito de Ecuador vence el 25 de febrero de 2027 (Expreso). Glas, condenado antes en otras causas de corrupción, fue sentenciado el 30 de junio de 2025 a 13 años por peculado de fondos para la reconstrucción tras el terremoto; él afirma que las acusaciones se basan en hechos falsos y son persecución política (Expreso).

La muerte de un director y una sucesión (2026)

En junio de 2026, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 421, que ordenó a la Casa Militar Presidencial evaluar si el director del CNI, Michele Sensi-Contugi, y su familia necesitaban protección, en un año en que Ecuador registró 9.281 asesinatos (Vistazo). El 19 de agosto de 2026, un helicóptero se estrelló cerca del monte Ololokwe, en el condado keniano de Samburu, y murieron siete personas; fuentes del gobierno ecuatoriano dijeron a Primicias que Sensi-Contugi y su esposa iban a bordo. Las autoridades kenianas no revelaron la causa (Primicias). Noboa nombró entonces a Daniel Correia, colaborador de larga data del grupo empresarial de su familia, y afirmó: «La estructura se va a mantener exactamente y ahora estará encargado Daniel Correia» (El Comercio).

Cómo leer las noticias sobre la inteligencia ecuatoriana

La inteligencia ecuatoriana es difícil de investigar porque casi toda noticia cae de un lado u otro de la división en torno a Correa. Correa y sus aliados describen los procesos contra sus exfuncionarios como lawfare; sus adversarios describen los años de la SENAIN como un Estado de vigilancia. Ambos bandos tienen medios afines, y ambos han usado filtraciones de los servicios. Muchos datos clave sobre las bandas ecuatorianas aparecen primero en acusaciones formales de Estados Unidos, que reflejan las prioridades estadounidenses. Buena parte de las pruebas sobre la embajada en Londres proviene de una causa penal española cuyo acusado dijo que antiguos empleados actuaron por venganza.

La disciplina es la misma que enseñamos en nuestra guía de análisis de tendencias (en inglés): remontarse a las fuentes primarias. En el caso de Ecuador, eso significa los decretos ejecutivos y el Registro Oficial, los dictámenes y expedientes de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, las providencias de la CIJ, los expedientes de los tribunales federales y los comunicados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la base de datos pública de agentes extranjeros registrados de ese departamento (FARA eFile), que enumera a los cabilderos y consultores que representan en Washington a organismos públicos, partidos y empresas de Ecuador. Cuando una noticia se basa en un solo documento filtrado o en un funcionario anónimo, conviene tratarla como una pista, no como una conclusión.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se llama la agencia de inteligencia de Ecuador?

La principal agencia de inteligencia de Ecuador es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia. Fue creado en 2018 como Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) para reemplazar a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), que funcionó de 2009 a 2018, y cambió de nombre en julio de 2025.

¿Quién dirige la inteligencia ecuatoriana?

Daniel Correia Peñaherrera dirige el CNI desde septiembre de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa lo designó mediante el Decreto Ejecutivo 491 tras la muerte de su antecesor, Michele Sensi-Contugi, en un accidente de helicóptero en Kenia.

¿Está vigente la ley de inteligencia de 2025 de Ecuador?

Sí, en parte. La Ley Orgánica de Inteligencia entró en vigor el 11 de junio de 2025, pero en agosto de 2025 la Corte Constitucional suspendió provisionalmente 12 de sus artículos, entre ellos los relativos a la interceptación de comunicaciones, las solicitudes de datos, las operaciones encubiertas y el fondo de gastos especiales, y a mediados de 2026 aún no había emitido una decisión definitiva.

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Competitive Futures asesora a empresas y gobiernos sobre servicios de inteligencia, influencia extranjera, Ecuador y la región andina; más detalles en la página de servicios (en inglés).