Inteligencia mexicana: historia, estructura y casos

El Palacio Nacional de la Ciudad de México de noche, sede de la presidencia que dirige la inteligencia mexicana

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México comparte con Estados Unidos una frontera de 3,000 kilómetros, alberga algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y ha pasado casi un siglo decidiendo si sus servicios de inteligencia existen para proteger al Estado de sus ciudadanos, de las potencias extranjeras o de los cárteles. El nombre en la puerta ha cambiado con la respuesta: de la Dirección Federal de Seguridad al CISEN y al Centro Nacional de Inteligencia. Lo que no ha cambiado es que la inteligencia mexicana está en el centro de la relación del país con Washington y de su larga guerra contra el crimen organizado.

Esta página es una visión de conjunto de los servicios de inteligencia de México: de dónde vienen, cómo están organizados hoy y los casos que los han llevado a las noticias. Se basa en leyes mexicanas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, expedientes judiciales y de fiscalías de México y Estados Unidos, investigación forense y periodismo con firma, y señala cuándo una afirmación proviene de una parte interesada en el resultado.

La inteligencia mexicana de un vistazo

  • Principal servicio de inteligencia civil: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sustituyó al CISEN tras las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas el 30 de noviembre de 2018 (Gobierno de México).
  • Titular: Francisco Almazán Barocio, investigador policial de carrera y exjefe de la policía de investigación de la Ciudad de México, designado director general del CNI en septiembre de 2024, cuando el gobierno entrante de Sheinbaum integraba su gabinete de seguridad (SDP Noticias; ITAM CESIG).
  • Línea de mando: el CNI forma parte de la SSPC, encabezada desde el 30 de septiembre de 2024 por Omar García Harfuch, quien responde a la presidenta Claudia Sheinbaum (Zeta Tijuana).
  • Inteligencia militar: a cargo por separado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), bajo el general Ricardo Trevilla Trejo, y de la Secretaría de Marina (SEMAR), bajo el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ambos en funciones desde el 1 de octubre de 2024 (Zeta Tijuana).
  • Marco legal: la Ley de Seguridad Nacional de 2005 (Cámara de Diputados) y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025 (Cámara de Diputados).
  • Relación con Estados Unidos: profunda pero disputada. Los dos gobiernos comparten inteligencia sobre los cárteles, pero una ley de 2020 restringe lo que los agentes extranjeros pueden hacer en México, y las disputas por actividades estadounidenses no autorizadas se repiten.

Historia: de la policía política a la inteligencia contra los cárteles

Cronología de la inteligencia mexicana, de la DFS de 1947 al caso Chihuahua de 2026
Cronología de la inteligencia mexicana.

La inteligencia mexicana moderna comienza con la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947 con el objetivo declarado de “preservar la estabilidad del país y combatir a grupos subversivos y terroristas” (Expansión). En la práctica, se convirtió en la policía política de la larga era del partido único.

Su capítulo más oscuro fue la “guerra sucia” contra guerrillas de izquierda y movimientos estudiantiles en las décadas de 1960, 1970 y 1980. En 2006, el National Security Archive publicó un borrador de informe de la fiscalía especial mexicana para movimientos sociales y políticos del pasado que concluía que cientos de personas fueron asesinadas o desaparecidas por fuerzas militares y de seguridad entre 1964 y 1982 (National Security Archive). En 2004, la fiscalía detuvo al exdirector de la DFS Miguel Nazar Haro por la desaparición en 1975 de Jesús Piedra Ibarra, dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre; el caso se estancó en apelación, Nazar Haro fue absuelto en otro proceso en 2006 y murió en 2012 sin haber sido condenado (Expansión). En agosto de 2024, un mecanismo gubernamental de verdad presentó su informe, “Fue el Estado: 1965–1990”, que documenta 8,594 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos; sus comisionados dijeron que el ejército todavía resguarda información clave (La Crónica).

La DFS no sobrevivió al narcotráfico. En mayo de 1984, el columnista Manuel Buendía fue asesinado en la Ciudad de México; José Antonio Zorrilla Pérez, entonces titular de la DFS, fue condenado después por el crimen y pasó años en prisión, aunque siempre lo negó (El Financiero). En febrero de 1985, el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado y asesinado en Guadalajara. Zorrilla fue removido de la DFS ese mes, y antes de que terminara 1985 el presidente Miguel de la Madrid ordenó cerrar la agencia (Expansión).

Una dirección sucesora ocupó brevemente su lugar hasta que, el 13 de febrero de 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con el general Jorge Carrillo Olea como primer titular (El Universal). El mandato del CISEN quedó plasmado en la Ley de Seguridad Nacional del 31 de enero de 2005, que lo definió como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Cámara de Diputados).

Andrés Manuel López Obrador hizo campaña con la promesa de desaparecer el CISEN, al que acusaba de espiar a opositores en lugar de hacer trabajo de inteligencia (El Universal). Tras su llegada al poder, la reforma de 2018 trasladó al rebautizado CNI a la nueva SSPC, y en febrero de 2019 su gobierno ordenó a las dependencias transferir al Archivo General de la Nación los archivos históricos sobre persecución política y violaciones a derechos humanos (Expansión). Audomaro Martínez dirigió el CNI de 2018 a 2024 (ITAM CESIG).

Cómo está organizada hoy la inteligencia mexicana

Organigrama de la inteligencia mexicana: el CNI, la SSPC, la SEDENA, la SEMAR y la FGR
Cómo está organizada la inteligencia mexicana, según registros públicos.

México no tiene un director de inteligencia nacional. El CNI coordina y colabora con otras dependencias en lugar de mandar sobre ellas (ITAM CESIG). La ley de 2025 cambió ese equilibrio al dar a la secretaría de seguridad un centro de coordinación con base legal.

Vista de la Ciudad de México, sede de la inteligencia mexicana y de la Secretaría de Seguridad
  • El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio civil. Según la ley de 2025, es “responsable de la operación diaria del Sistema” nacional y de administrar la nueva Plataforma Central de Inteligencia (Cámara de Diputados). Su presupuesto pasó de unos 2,760 millones de pesos en 2025 a unos 3,860 millones en 2026, y su mandato es interno, sin un brazo de inteligencia exterior comparable al de las grandes potencias (La Crónica).
  • La Secretaría de Seguridad (SSPC) coordina el sistema nacional, y su Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realiza investigaciones y apoya a las fiscalías (Cámara de Diputados).
  • La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dirige la inteligencia del ejército y de la fuerza aérea, incluido el Centro Militar de Inteligencia que investigadores de la sociedad civil identificaron en 2023 como la unidad detrás del uso militar de software espía (LatAm Journalism Review). También manda a la Guardia Nacional, cuyo “plan de consolidación” anunció el general Trevilla al asumir el cargo (Zeta Tijuana).
  • La Secretaría de Marina (SEMAR) mantiene su propio aparato de inteligencia naval, separado del del ejército.
  • La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, persigue los delitos de espionaje, intervención ilegal de comunicaciones y traición a la patria (Expansión).

La ley de 2025 es el cambio estructural más importante en una generación. Crea un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y una plataforma que puede conectarse a registros vehiculares, biométricos, telefónicos, de propiedad, financieros, de salud y de telecomunicaciones, y obliga a las empresas privadas que tienen esas bases de datos a compartirlas (Cámara de Diputados). Legisladores, académicos y organizaciones civiles críticos advirtieron que la amplitud del acceso “podría derivar en una vigilancia intensiva sin precedentes”, sin control judicial previo y con la información del sistema clasificada como reservada (IDC Online).

La inteligencia contra los cárteles

Las prioridades de la inteligencia mexicana las fijan hoy organizaciones criminales que tienen sus propias redes de vigilancia, sobornan a funcionarios y libran guerras entre sí. La mejor ventana pública a esa contienda es el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cerca de Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026. Según el secretario de la Defensa, Trevilla, investigadores militares identificaron a una persona de confianza de una de las parejas de Oseguera, la siguieron mientras la escoltaba hasta el líder del cártel y enviaron a las fuerzas especiales después de que ella se retiró; Trevilla dijo que la inteligencia de Estados Unidos aportó información adicional muy importante que confirmó la ubicación. Más de 70 personas murieron en el operativo y en las represalias posteriores, entre ellas 25 elementos de la Guardia Nacional (Fortune).

La contribución estadounidense se describe de forma distinta en cada capital. Reuters informó que un nuevo organismo encabezado por militares estadounidenses, la Joint Interagency Task Force–Counter Cartel, creada en enero de 2026, “tuvo un papel”, en palabras de un funcionario de defensa de Estados Unidos que subrayó que la incursión fue una operación mexicana. La Defensa mexicana dijo solo que las autoridades estadounidenses aportaron información complementaria, y una fuente del gobierno mexicano dijo que ningún militar estadounidense participó físicamente (Reuters vía Arab News).

En febrero de 2025, el New York Times informó que la CIA sobrevolaba México con drones para localizar laboratorios de fentanilo. La CIA no hizo comentarios, y la presidenta Sheinbaum dijo que los vuelos se hacían en colaboración con su gobierno y siempre a solicitud de México, para obtener información (AP vía Stars and Stripes). En 2025, México también envió a decenas de presuntos integrantes de cárteles a tribunales de Estados Unidos (Daily Maverick). Una reforma constitucional publicada el 1 de abril de 2025 establece que México no consentirá la intervención extranjera en investigaciones sin la autorización del Estado mexicano (Publimetro).

La inteligencia mexicana en las noticias

La mayor parte de lo que se sabe públicamente sobre cómo operan los servicios de inteligencia y seguridad de México proviene de ocho casos. En cada uno, las acusaciones vienen de fiscales, investigadores, académicos o periodistas, y el resultado en los tribunales suele diferir del titular.

Genaro García Luna (2001–2024)

Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública, a cargo de la Policía Federal, de 2006 a 2012. En febrero de 2023, un jurado federal de Brooklyn lo declaró culpable de recibir millones de dólares en sobornos en efectivo del Cártel de Sinaloa a cambio de paso seguro para sus cargamentos de droga e información sensible de las fuerzas del orden. El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan lo condenó a 460 meses de prisión y a una multa de 2 millones de dólares (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.). García Luna sostuvo su inocencia: dijo ante el tribunal que no había cometido ninguno de esos delitos y que el gobierno de México y grupos criminales lo habían difamado (Daily Maverick).

Ayotzinapa y los archivos de inteligencia del ejército (2014–presente)

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso documentó que el ejército tenía comunicaciones internas que seguían a los estudiantes durante y después del ataque, y en 2023 acusó a las secretarías de la Defensa y de Marina de retener documentos cuya existencia conocía. El presidente López Obrador rechazó la acusación: “no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando” (Zeta Tijuana). Para marzo de 2026, un tribunal de la Ciudad de México había ordenado a la SEDENA entregar registros del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, al resolver que esa información no puede clasificarse como confidencial; las familias dicen que unos 853 folios militares nunca se entregaron (Grupo Animal). Al cumplirse doce años del caso, al menos 20 militares habían sido señalados en investigaciones judiciales, el gobierno informaba nuevas detenciones y el paradero de los estudiantes seguía sin esclarecerse (Grupo Animal).

Pegasus y los periodistas (2017–2024)

En junio de 2017, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, junto con las organizaciones mexicanas R3D, SocialTIC y Artículo 19, informó que el software espía Pegasus de NSO Group se había usado contra periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, abogados del Centro PRODH, investigadores anticorrupción y el hijo menor de edad de Aristegui. Citizen Lab escribió: “No tenemos pruebas concluyentes que atribuyan estos mensajes a dependencias gubernamentales específicas de México”, aunque NSO solo vende a gobiernos (Citizen Lab). El presidente Enrique Peña Nieto negó que su gobierno fuera responsable y dijo esperar que, conforme a la ley, se pudiera proceder contra quienes habían levantado falsas acusaciones, antes de pedir una investigación (Times of Israel). El único juzgado, Juan Carlos García Rivera, empleado de una empresa privada que operaba Pegasus, fue absuelto en enero de 2024; la jueza concluyó que Aristegui había sido espiada y pidió a la fiscalía seguir investigando (Voz de América). Nadie ha sido condenado.

El operativo de Culiacán (2019–2023)

El 17 de octubre de 2019, soldados detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, requerido por Estados Unidos. Pistoleros del cártel sitiaron la ciudad y el gobierno lo dejó ir. En junio de 2020, López Obrador reconoció: “yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, y dijo que de otro modo podrían haber muerto más de 200 civiles. Su secretario de seguridad ya había admitido que en ese momento no existía una orden de aprehensión mexicana contra Guzmán López, solo una solicitud de extradición estadounidense (Expansión). Fue recapturado en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año (Mexico News Daily).

El caso Cienfuegos y la ley sobre agentes extranjeros (2020–2021)

El 15 de octubre de 2020, autoridades estadounidenses detuvieron en Los Ángeles por narcotráfico al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa de México de 2012 a 2018. La detención tensó la relación entre los dos gobiernos. El 17 de noviembre de 2020, el fiscal general de Estados Unidos y el fiscal general de México anunciaron que “el Departamento de Justicia de EE. UU. ha decidido solicitar el sobreseimiento de los cargos penales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos” para que México pudiera investigarlo conforme a su propia ley (Departamento de Justicia de EE. UU. vía GlobalSecurity.org). El 14 de enero de 2021, la FGR decidió no ejercer acción penal, al considerar que las pruebas no mostraban vínculos con el crimen organizado; el gobierno estadounidense expresó una profunda decepción y acusó a México de incumplir un tratado al divulgar pruebas que Estados Unidos había compartido (Expansión). Cienfuegos nunca fue juzgado en ninguno de los dos países.

La respuesta de México fue legislativa. Un decreto publicado el 18 de diciembre de 2020 reformó la Ley de Seguridad Nacional para obligar a los agentes extranjeros a compartir con las autoridades mexicanas la información que obtengan, retirarles la inmunidad si cometen delitos y obligar a los funcionarios estatales y municipales a informar de cualquier contacto con un agente extranjero a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad en un plazo de tres días (Diario Oficial de la Federación).

Software espía en manos del ejército (2020–2026)

En octubre de 2022, R3D, Artículo 19 y SocialTIC publicaron “Ejército Espía”, donde sostuvieron que el Centro Militar de Inteligencia del ejército había usado Pegasus después de la llegada de López Obrador contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, de Nuevo Laredo, y contra dos periodistas; la SEDENA dio respuestas evasivas o negó los contratos (LatAm Journalism Review). En mayo de 2023, el New York Times informó, con confirmación forense de Citizen Lab, que Pegasus había infectado repetidamente el teléfono de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación que encabezaba la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa, mientras investigaba a las fuerzas armadas (Expansión). López Obrador dijo que Encinas se lo había contado y que él le había dicho que no le diera importancia, y añadió que su gobierno no espía (KJZZ).

La historia dio otro giro en abril de 2026, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ramos, al acusarlo de trabajar para el Cártel del Noreste “bajo la fachada de defensor”, incluso mediante la promoción de denuncias contra el ejército (UnoTV). Ramos negó la acusación y dijo a la AFP que llevaba 30 años como defensor de derechos humanos y que los intentos de criminalizarlo habían fracasado (AFP vía CRHoy). Las sanciones son una designación administrativa, no una condena penal.

La captura de “El Mayo” Zambada (2024–2026)

El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, aterrizó en una pequeña pista de Nuevo México con Joaquín Guzmán López, otro hijo de El Chapo, y fue detenido. En una carta difundida por su abogado, Zambada dijo que había sido secuestrado en México y trasladado a través de la frontera contra su voluntad; el embajador de Estados Unidos dijo que Guzmán López lo había llevado a territorio estadounidense contra su voluntad, y la embajada afirmó que no se usaron recursos estadounidenses en el traslado. La FGR abrió una investigación por traición a la patria con base en el artículo del Código Penal Federal que castiga a quien prive ilegalmente de la libertad a una persona en México para entregarla a las autoridades de otro país (ADN40). La FGR retiró después su solicitud de orden de aprehensión contra Guzmán López, luego de que un juez cuestionara las pruebas; la FGR dijo que sus pruebas eran suficientes y que acudiría a otro tribunal (UnoTV). Zambada se declaró culpable en Brooklyn en agosto de 2025 (Daily Maverick) y fue condenado a cadena perpetua el 20 de julio de 2026; Guzmán López también se declaró culpable (Al Jazeera).

El operativo de Chihuahua y el caso por traición a la patria (2026–presente)

En abril de 2026, dos funcionarios estadounidenses y dos agentes de investigación del estado de Chihuahua murieron en un accidente vehicular al regresar de la destrucción de un narcolaboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara. Un funcionario estadounidense y otras dos personas dijeron a la AP que los estadounidenses trabajaban para la CIA; la embajada de Estados Unidos dijo solo que apoyaban a las autoridades de Chihuahua contra operaciones de los cárteles, y la CIA no hizo comentarios. La presidenta Sheinbaum dijo que no sabía nada de un operativo conjunto (AP vía PBS NewsHour). El 17 y 18 de octubre de 2026, el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno quedó bajo custodia federal, y la FGR lo acusó de traición a la patria por haber autorizado presuntamente la participación de agentes estadounidenses sin aprobación federal. La fiscal general Godoy dijo: “Esto atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación”. El 24 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso y mantuvo su prisión preventiva; su abogado ha impugnado el caso (Expansión). Sheinbaum calificó el operativo de “muy irresponsable” y dijo que “no se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras” (Zeta Tijuana). Jáuregui no ha sido condenado.

La Sierra Tarahumara en Chihuahua, el estado en el centro de un caso de inteligencia y traición a la patria en 2026

Cómo leer la cobertura sobre la inteligencia mexicana

La inteligencia mexicana es difícil de investigar porque muchos de los hechos más importantes salen primero a la luz en otro país. Las acusaciones formales, las designaciones de sanciones y las filtraciones a periódicos estadounidenses suelen marcar la historia, y reflejan las prioridades de Estados Unidos, a testigos colaboradores que buscan reducir su pena y pruebas que los tribunales mexicanos quizá nunca vean. Los funcionarios mexicanos hablan sobre todo a través de la conferencia de prensa matutina de la presidencia, que es tanto una plataforma política como un registro. Los hallazgos sobre software espía provienen de investigadores de la sociedad civil con posturas de defensa, aunque su trabajo forense ha resistido una y otra vez.

La disciplina es la misma que enseñan nuestras guías de análisis de tendencias y de evaluación de pronósticos (en inglés): subir hacia los registros primarios. En el caso de México, eso significa el Diario Oficial de la Federación y los textos legales vigentes de la Cámara de Diputados, las resoluciones de los tribunales mexicanos, los expedientes de los tribunales federales y los comunicados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los avisos de sanciones del Tesoro y la base de datos pública de agentes extranjeros registrados del Departamento de Justicia (FARA eFile), que enumera a los cabilderos y consultores que representan en Washington a dependencias del gobierno mexicano y a intereses privados. Cuando una historia se apoya en un solo testigo colaborador o en un solo funcionario anónimo, hay que tratarla como una pista y no como un hecho probado.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se llama la agencia de inteligencia de México?

La principal agencia de inteligencia civil de México es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sustituyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que funcionó de 1989 a 2018, y antes a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que funcionó de 1947 a 1985.

¿Quién es el jefe de la inteligencia mexicana?

Francisco Almazán Barocio dirige el CNI desde que asumió el gobierno de Sheinbaum en 2024; responde, a través del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, a la presidenta Claudia Sheinbaum. La inteligencia militar depende por separado de los secretarios de la Defensa y de Marina.

¿Pueden operar agentes estadounidenses en México?

Las agencias estadounidenses tienen personal acreditado en México para enlace, intercambio de información y capacitación, pero desde la reforma de diciembre de 2020 a la Ley de Seguridad Nacional deben compartir con las autoridades mexicanas la información que obtengan, no tienen inmunidad si cometen delitos y no pueden realizar detenciones ni operativos en tierra, y los funcionarios mexicanos deben informar en un plazo de tres días de sus contactos con ellos.

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Competitive Futures asesora a empresas y gobiernos sobre servicios de inteligencia, influencia extranjera y América Latina; los detalles están en la página de servicios (en inglés).